Tras seis meses de trabajo, la comisión de expertos de transición energética ha entregado este lunes sus conclusiones al ministro de Energía, Álvaro Nadal. Este grupo de sabios defiende, entre otras medidas, el incremento a 50 años de la vida de las centrales nucleares, el final de la generación de energía mediante la quema de carbón en 2030 y la subida del 28% del precio del gasóleo.
El informe, con una extensión de 546 páginas, pretende servir como base para la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que el Gobierno prepara para cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea y con el Acuerdo de París.
¿Quién forma parte del grupo de sabios?
La comisión de expertos ha estado formada por 14 miembros, todos hombres. Cuatro de ellos fueron designados por el Gobierno, otros seis nombrados por los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos, ERC y PNV) y tres por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE).
- Jorge Sanz (Gobierno): director general de Política Energética con Zapatero. Ha sido presidente de la comisión.
- Ignacio Grangel (Gobierno): director del gabinete de la Secretaría de Estado de Energía con Álvaro Nadal y actual presidente del holding OMEL.
- Miguel Duvison (Gobierno): director de Operaciones de Red Eléctrica de España.
- Francisco Javier Arana (Gobierno): exsubdirector general de Energía Nuclear.
- Diego Rodríguez (PP): exconsejero de la CNMC.
- Luis María Atienza (PSOE): ministro de Agricultura y secretario general de Energía con Felipe González y expresidente de Red Eléctrica de España.
- Cristóbal José Gallego (Unidos Podemos): investigador en energía eólica y miembro del Observatorio Crítico de la Energía.
- Pedro Linares (Ciudadanos): profesor de organización industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería ICAI.
- Josep Sala i Prat (ERC): empresario del sector de renovables,
- Txetxu Sáenz de Ormijana (PNV): director del Ente Vasco de la Energía (EVE).
- Óscar Lapastora (Foro Asturias): expresidente de la patronal del carbón Carbunión.
- Guillermo Ulacia (CEOE): expresidente de Gamesa y actual presidente de la comisión de industria y energía de la patronal.
- Jorge Aragón Medina (CCOO): consejero del sindicato en el Consejo Económico y Social.
- José Luis de la Fuente O'Connor (UGT): profesor titular de matemática aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de inteligencia tecnológica de Iberdrola.
El informe ha contado con un amplio apoyo al sumar 11 votos a favor y 3 abstenciones (Unidos Podemos, ERC y CCOO). Estas son las principales conclusiones a las que han llegado:
Elevar el precio del gasóleo un 28%
El comité considera que actualmente los hidrocarburos están subvencionados. Debido a ello, los sabios consideran que se debe llevar a cabo una reforma de la fiscalidad en la cual se sustituyan los impuestos actuales a la energía por impuestos medioambientales bajo el principio de "quien contamina, paga".
En esa línea, el informe propugna la "sustitución de los actuales impuestos que gravan la energía por impuestos que tengan en cuenta los daños ambientales asociados a la generación y consumo de energía".
El grupo plantea dos nuevos impuestos que graven las emisiones de CO2 y los daños de otras emisiones contaminantes (SO2, NOx y partículas), que recaerían tanto sobre las instalaciones de generación de electricidad, así como sobre los consumidores finales de carbón, gas natural y derivados del petróleo. La fiscalidad del gasóleo elevaría su precio un 28,6% y la gasolina un 1,8%.
Alargar la vida de las centrales nucleares
Los expertos consideran que el cierre anticipado de las centrales nucleares duplicaría las emisiones de dióxido de carbono (C02) y elevaría el coste de generación entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año. Es decir, el precio de electricidad se incrementaría en un 20%.
En la actualidad y tras el reciente cierre definitivo de la central de Garoña (Burgos), funcionan en España cinco centrales nucleares con un total de siete reactores inauguradas en los años 80. Todas ellas generan anualmente en torno al 21% de la electricidad consumida y suman una potencia eléctrica de unos 7.400 MW (el 7% del total). Estas centrales cumplen sus 40 años de vida en la próxima década. La licencia de la central más moderna, situada en Trillo (Guadalajara), caduca en 2024.
Los sabios consideran que si se alarga en 10 años la vida útil de las centrales nucleares de los actuales 40 años a 50 años se evitaría el desequilibrio entre ingresos y gastos del fondo de Enresa (la empresa pública que gestiona los residuos nucleares) para desmantelar las centrales y gestionar los residuos. Las eléctricas demandan desde hace tiempo que se incremente la vida útil hasta los 60 años.
Desaparece el carbón en 2030 y se incrementa el gas
Los expertos señalan que la evolución que tengan las centrales de carbón y de gas natural dependerá del precio de los combustibles y de la tonelada de CO2 en el futuro. Según el escenario planteado por los expertos, el carbón reducirá mucho su participación en el mix energético y será sustituido por el gas natural como energía de respaldo en el caso de que las renovables no generen suficiente energía.
El gas natural jugará un papel importante hasta 2030 como energía de respaldo, pero su importancia se reducirá en 2050, cuando los expertos consideran que la generación girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas e hidráulicas.
Fomentar las energías renovables
Los expertos consideran que España debe avanzar en las energías renovables. El escenario energético base prevé que el 62% de generación eléctrica sea renovable para el año 2030. ¿Cómo se repartiría? Un 10% de hidráulica, un 20% de eólica (31.000 megavatios instalados), un 27% de fotovoltaica (47.150 megavatios), un 1% de termosolar y un 4% otras renovables. Es decir, se prevé que la energía solar se multiplique por diez y que la eólica se incremente un 35%.
Financiar el bono social con los Presupuestos
Los expertos recomiendan la creación de un bono social energético que extienda la protección frente al corte de suministro a todos los consumidores vulnerables, ya que actualmente solo están contemplados los más severos. "Siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas", señala el informe. Este bono deberá financiarse mediante los Presupuestos.
